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Fachadas de casas de estilo colonial en el barrio bogotano de Teusaquillo esconden tenebrosos lugares en los que numerosas mujeres se practican abortos inseguros sometidas a procedimientos que no siguen los protocolos médicos y ponen en riesgo su vida.
Según el estudio “Prevención del aborto inseguro en Colombia”, del Ministerio de Salud, alrededor de 47.000 mujeres mueren anualmente en el mundo por abortos clandestinos, de las cuales 1.120 casos corresponden a América Latina y el Caribe y 70 a Colombia.
El núcleo del aborto en Bogotá es Teusaquillo, uno de los barrios tradicionales de la capital, donde entre dos clínicas legales proliferan los lugares no seguros para estos procedimientos; en este sector, mujeres como Mariana, de 21 años, son abordadas por “tarjeteros”, personas que reparten en la calle tarjetas en las que ofrecen ecografías o pruebas de embarazo que en realidad son una invitación a la compra de medicamentos abortivos o de abortos en lugares clandestinos.
“Le compré a una mujer Misoprostol en la calle, ella me explicó qué debía hacer; llegué a mi casa en la noche y tomé dos pastillas vía oral y dos intravaginales pero a la una de la mañana sentí un dolor que me desgarraba por dentro y tuve que ir al hospital”, explica a Efe Mariana.
La Corte Constitucional de Colombia ratificó en 2018 las normas vigentes para el aborto que lo permiten en tres situaciones: cuando hay malformación del feto que hace inviable su vida, cuando el embarazo constituye un riesgo para la salud física o mental de la mujer y en el caso de violación, sin límite de meses de gestación.
Aún así, según el informe “Aborto no seguro, mujeres en riesgo”, de Médicos Sin Fronteras, las mujeres enfrentan múltiples barreras para acceder al aborto dentro de estos supuestos en el sistema de salud colombiano, por lo que optan por el aborto clandestino que pone en riesgo su vida.
“Me sentía terrible, no por abortar sino porque tenía que hacerlo a escondidas sin que nadie se diera cuenta”, expresó Mariana con la voz quebrada.
Ella se enteró por el boca a boca de amigas que en ese vecindario podía buscar una solución rápida a su embarazo no deseado: “siento que salir viva de un aborto clandestino es un privilegio de clase porque yo tenía una EPS (seguro médico privado) pero hay mujeres que no tienen”, dice.
El Instituto Guttmacher calcula que a pesar de la normativa, de los 400.000 abortos que se realizan en Colombia cada año, solo entre el 8 y el 10 % se hacen en instituciones sanitarias con garantías de calidad y el no seguro causa muertes y cerca de 130.000 complicaciones anuales.
Después de un año de haber abortado, Mariana asegura que es doloroso recordar su tiempo en el hospital por el daño psicológico y emocional causado: “queda más la secuela de cómo lo abordan las demás personas y la ley, que el procedimiento del aborto como tal”.
Mientras estuvo hospitalizada se “sintió juzgada por algunas enfermeras” que además la remitieron al piso de neonatos por lo que tuvo “que compartir una sala con diez embarazadas más cuando estaba recién abortada”; le abrieron un proceso judicial y tuvo que vivir un momento traumático cuando “un investigador de la Fiscalía llegó a medianoche al hospital gritándome que era una asesina y amenazando con llevarme a la cárcel”.
El ginecoobstetra Oscar Fernando Marroquín, de la Fundación Oriéntame, que ofrece servicios de aborto legal y voluntario en Colombia, asevera que cuando va a centros de salud a sensibilizar sobre el tema observa que “el personal está totalmente desinformado”; el doctor considera que la objeción de conciencia aludiendo a la ética y moral de los profesionales “es un derecho del médico, pero no debería ser una posición tomada por el centro de salud, que debe aplicar la norma debidamente y generar rutas de atención”. EFE
