Los responsables de la regulación del cannabis medicinal en los principales países de Latinoamérica y el Caribe coincidieron en la necesidad de que la región homogeneice normas y regulaciones, durante una reunión celebrada este miércoles en Toronto (Canadá).
Los reguladores de México, Uruguay, Colombia, Brasil, Perú, Jamaica y San Vicente y las Granadinas participaron hoy en el primer foro de reguladores de cannabis medicinal de la región organizado por el Consejo Canadiense para la Américas (CCA).
Además de los representantes de los órganos reguladores de estos países, al foro asistieron Maria Livanos Cattau, directora de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, una organización basada en Ginebra (Suiza), así como Rose-Marie Antoine, presidenta de la Comisión de la Marihuana de la Comunidad del Caribe (Caricom).
Durante el foro, el director general del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento (Invima), Julio César Aldana, destacó la importancia de la “armonización” de las políticas de los diferentes países que están regulando la producción, distribución y consumo del cannabis medicinal.
“El mundo entero está aprendiendo sobre el cannabis y nuestros países no son la excepción. Todas las agencias reguladoras en todos los países estamos aprendiendo. Es una gran oportunidad para nosotros venir a Canadá a aprender sobre esto”, señaló Aldana durante el foro.
“Es muy importante por parte de las agencias reguladoras que haya una armonización sanitaria, porque vamos a necesitar un mismo idioma cuando estemos hablando de cómo modular toda esta iniciativa empresarial de un producto que necesita rigor industrial farmacéutico”, añadió el regulador colombiano.
Por su parte, Martín Rodríguez, director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control de Cannabis de Uruguay (IRCC), explicó que “hoy por hoy estamos trabajando muy fuerte en el desarrollo de las condiciones para una buena implementación de los programas de cannabis”.
En Uruguay, a pesar de ser el primer país del mundo en legalizar la marihuana para su uso recreativo, todavía no existen productos medicinales con tetrahidrocannabinol (THC, el componente psicoactivo del cannabis) y cannabidiol (CBD que no es psicoactivo y tiene propiedades médicas para el tratamiento de enfermedades).
“Actualmente los esfuerzos en materia reguladora, y desde la perspectiva del sector privado, están claramente enfocados en ese terreno. Hay unas 60 empresas con autorizaciones, algunas para el cultivo de cannabis psicoactivo y otras no psicoactivo”, añadió el responsable de IRCC.
Rodríguez también reveló que en las próximas semanas, Uruguay dará a conocer los resultados de los estudios de consumo realizados en 2018 y que permitirán sacar conclusiones sobre datos de las consecuencias de la legalización de la marihuana en el país.
Pero el director de IRCC adelantó que lo que ya se puede entrever es que uno de los objetivos de la legalización, el arrebatar parte de los ingresos económicos a las redes criminales que trafican con marihuana, ya se está logrando.
Según las estimaciones de las autoridades uruguayas, la legalización ha sustraído unos 25 millones de dólares de ingresos a las organizaciones criminales.
Con respecto a México, Alberto Ruiz de la Peña, asesor técnico de la comisión del Senado sobre salud, señaló que en los próximos meses se tiene que aprobar una ley sobre el cannabis que creará un instituto mexicano para la regulación de la marihuana.
“En abril del 2020, el instituto debería estar operando a efecto de tener otros seis meses para hacer todo el ámbito reglamentario. En un año, yo estimo que vamos a tener procesos de un órgano formal regulador del cannabis”, explicó.
“Y necesitamos garantizar el derecho de pacientes que llevan muchos años demandando el acceso legal a los productos derivados del cannabis, como niños que tienen procesos de epilepsia que les imposibilita desarrollar su vida con normalidad”, terminó señalando De la Peña.
