Foto: @MedimasEPS
En los últimos días, tres entes de control (Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo) se unificaron en la petición dirigida al Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud para que se tenga celeridad en la liquidación de la EPS, Medimás, adoptando medidas de intervención forzosa administrativa para que esta entidad deje de entregar servicios de salud a más de 3,8 millones de usuarios.
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Frente a esta petición, la mencionada EPS rechazó que estos organismos de control estuvieran pidiendo la liquidación de la misma, considerando que se estarían “extralimitando” en sus funciones, lo que ocasionó que desde Medimás se tuviera en cuenta la posibilidad de emprender acciones judiciales en contra de las “cabezas” de estas entidades públicas.
En el ojo de las críticas de muchos de los funcionarios que trabajan en esta entidad de salud, se encuentra el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, tildándolo de “indolente” por no pensar en la salud de más de tres millones de usuarios que se encuentran adscritos en el sistema de esta EPS, además de señalar a este órgano de “salirse” de sus funciones de “prevención”, inclusive, mencionando “amenazas” para que se cumplan sus órdenes.
No obstante, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, también fue señalado en el comunicado que emitió esta entidad de salud, pues consideran que podría existir un “conflicto de intereses” por parte del funcionario, recordando que su hermano se encuentra involucrado con Cafesalud, EPS que estaría relacionada con la controversia que mantiene involucrado a Medimás en una posible liquidación administrativa.
Y finalmente, en referencia con la Contraloría General de la Nación, se cuestiona su “entrometimiento” en la autonomía que tiene el Gobierno y la misma Supersalud para definir el futuro de Medimás, por lo que también está siendo señalada de involucrarse en el “pánico” que se ha emprendido dentro de los usuarios de esta empresa prestadora de salud.
“Los colombianos afiliados a la entidad en los más de 500 municipios, quedarían completamente desprotegidos frente a una posible llegada del coronavirus. Igualmente, en esos territorios, se verían afectados más de 700 hospitales públicos que dependen exclusivamente de la operación de la entidad”, se lee en el comunicado.
