El órgano de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados sobre drogas alertó hoy contra la banalización de los riesgos del consumo de cannabis, al abordar el intenso debate internacional sobre la adopción de normativas más permisivas con este narcótico.
El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), presentado hoy en Viena, está dedicado a los “malentendidos” que considera rodean a numerosas iniciativas legales en todo el mundo, especialmente en el continente americano.
Los tratados internacionales contra las drogas solo contemplan el uso del cannabis para fines médicos y científicos.
“La legalización del cannabis con fines recreativos, como se ha visto en un pequeño número de países, representa no solo una dificultad para la aplicación universal de los tratados, sino también un problema importante para la salud y el bienestar, en particular de los jóvenes”, resumió en una rueda de prensa el presidente de la JIFE, Viroj Sumyai.
La JIFE se define como un órgano cuasi judicial formado por 13 expertos que evalúan el cumplimiento de los tratados. Numerosos analistas destacan su espíritu conservador, ya que critica cualquier iniciativa que se aleje de las Convenciones sobre drogas.
En esa línea, la Junta censura a Uruguay y Canadá, los dos Estados que han legalizado la venta del cannabis para fines recreativos, así como a varios Estados de EE. UU., que también han dado ese paso.
Ambos países adoptaron esta novedosa legislación argumentando que con la regulación de la venta desinflarían un creciente mercado negro que alimentaba una economía ilegal.
“La aplicación universal y plena de los tratados corre un grave peligro porque algunos Estados parte, como Canadá y Uruguay (así como varios estados de los Estados Unidos), han legalizado el consumo de cannabis con fines no médicos”, señala el informe.
La legalización aumenta la disponibilidad de esta droga y reduce el riesgo percibido y la reprobación social a su consumo, que puede causar desde pérdida de memoria a trastornos psicóticos, recuerda la Junta.
El informe admite que en América se ha producido en los últimos años un cambio en “la política y la legislación sobre cannabis” y recuerda que el pasado octubre la Suprema Corte de Justicia de México consideró inconstitucional una prohibición absoluta del uso recreativo del cannabis. Ese veredicto abre la puerta a una posible legalización en ese país.
Pero la JIFE no se detiene ahí y critica también los programas “mal reglamentados” con cannabis medicinal, y llega a sostener que en algunos casos son una antesala a una legalización total de esta sustancia.
Estos programas médicos con cannabis expanden el consumo y la disponibilidad de esta droga y suponen un riesgo para la salud, sostiene el informe.
Numerosos gobiernos han aprobado legislaciones que permiten el uso de cannabis y sus derivados en el tratamiento de numerosas enfermedades como cáncer, epilepsia, parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas.
Estas medidas, amparadas por los tratados y respaldadas en resultados médicos, se han desarrollado sobre todo en Europa y en el continente americano.
Sin embargo, la JIFE considera que la mala reglamentación de estos programas en Canadá y en algunos estados de EE. UU. pudo contribuir a la posterior legalización del consumo del cannabis ya que redujo la percepción del riesgo.
“El aumento de los programas mal regulados de ‘cannabis medicinal’ ha estado acompañado de un mayor apoyo de la población a la legalización del consumo con fines no médicos en los Estados Unidos”, asegura el informe en referencia a los nueve estados de ese país que han legalizado la venta de esa sustancia.
La JIFE insiste en que “a las afirmaciones no fundamentadas sobre los beneficios médicos del cannabis se ha sumado una reducción de los riesgos percibidos del consumo de cannabis entre los jóvenes en los Estados Unidos”.
Sumyai reiteró ante los periodistas que existe un “limitado” beneficio terapéutico del cannabis y que en algunos casos se ha excedido con su uso.
“La disminución de los riesgos percibidos del consumo de cannabis y una activa mercadotecnia social por la industria del cannabis plantea importantes retos para la prevención del consumo”, concluye el informe.
En América del Sur, la JIFE recuerda que Paraguay y Perú aprobaron recientemente leyes sobre el uso terapéutico del cannabis, un paso que ya habían dado Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, informa Efe.
Ciudad de México también adoptó en 2017 una legislación que permite el uso médico del cannabis.
