Foto: Archivo
Más de un millón de afiliados de la EPS tenían esperado el traslado hacia otras entidades prestadoras de servicio que pudieran solucionar la situación que tienen estos ciudadanos tras la liquidación que sufrió Saludvida el pasado 01 de octubre cuando la Superintendencia Nacional de Salud ordenó que se hiciera la intervención forzosa sobre la administración de esta entidad.
Posterior a esta intervención, MinSalud, Protección Social y ADRES debían continuar el proceso de traslado de los afiliados que estaba programado para el primero de diciembre a nivel nacional, sin embargo, esta situación tuvo que refrenarse después de que la Procuraduría interviniera por un fallo emitido desde un juzgado de Valledupar para supervisar el accionar del superintendente de Salud.
Fabio Aristizabal, superintendente de Salud debía cumplir con ciertas acciones judiciales que se habían registrado en el proceso de liquidación de la EPS, por lo que el ente de control tuvo que determinar la suspensión de Saludvida hasta que se esclarezcan los hechos y pueda solucionarse el inconveniente que padecen más de 141 mil afiliados.
“El Superintendente Nacional de Salud tiene el deber funcional de cumplir con la orden impartida por el juez de tutela el 22 de octubre de 2019, radicada en el fallo de primera instancia emitido el 14 de noviembre de la misma anualidad, siendo menester recordar que todo servidor público está en la obligación de cumplir las decisiones judiciales”, se lee en el comunicado emitido por la Procuraduría.
Debido a este refreno en el proceso, se le ordena a la EPS liquidada que vele por los servicios de sus afiliados hasta que se pueda reintentar el proceso del traslado de los citados, quienes se presentan en diferentes ciudades del país y que no pueden ser los perjudicados en un proceso de tutela que se desarrolla en contra del funcionario de la Superintendencia; a continuación podrá ver el comunicado completo que emitió la Procuraduría General.
